Las leyes de salud pública dan cinco días de vida al año a cada ciudadano

Las leyes de salud pública son eficaces siempre, pero más aún cuando se aplican con rigidez y van acompañadas de sanciones. Así lo demuestra una investigación realizada por el profesor de economía aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Jaime Pinilla, tras estudiar el impacto de las normas contra el tabaco y de tráfico.

 

Las leyes de salud pública dan cinco días de vida al año a cada ciudadano

Los resultados son sorprendentes: la aplicación de ambas normas ha supuesto algo más de cinco días de vida añadidos para cada ciudadano en un solo año. Entre el 2000 y el 2015 la carga de enfermedad derivada del tabaquismo y la conducción temeraria se redujo en un 37%, en gran parte debido a la puesta en marcha de medidas legislativas.

Así lo indica el estudio ¿Cómo legislar para promover la salud pública? Los casos del tabaco y los accidentes de tráfico, publicado por el Observatorio Social de La Caixa, que estudia ambas normas, leyes que en un primer momento se establecieron de una manera más flexible (la ley antitabaco, por ejemplo, permitía fumar en los bares y restaurantes de menos de 100 metros cuadrados y en los de más superficie, en espacios habilitados).

En ambos casos, se comprueba, según Pinilla, que, aunque son efectivas en términos de años de vida de calidad ganados y reducción de la carga de enfermedad, los resultados fueron manifiestamente mejores cuando se aplicaron sin excepciones.

Aplicación coercitiva

Según Pinilla, el tabaquismo y la conducción temeraria son los responsables directos de la pérdida de salud de muchas enfermedades: un 14% y un 3,41% del total de años de vida de calidad perdidos en el año 2000, respectivamente. Por enfermedades, el tabaquismo era responsable, en el año 2000, del 43,55% de los años perdidos por enfermedad respiratoria crónica, un 31,19% por cáncer y un 19,65% por enfermedad cardiovascular. En el caso de la conducción temeraria o bajo los efectos del alcohol y las drogas, esta fue responsable del 70% de los años perdidos por lesiones en accidentes de tráfico.

En 2015, el tabaquismo fue responsable del 9,63% de la carga total de enfermedad en España, mientras que la conducción temeraria lo fue del 1,09%, lo que supone, entre ambos casos, un 37% de disminución en la carga de enfermedad por estos comportamientos respecto a 2000.

El profesor Jaime Pinilla concluye su investigación señalando que las leyes de salud pública deben establecerse sin dejar paso a las excepciones (lo que denomina políticas sanitarias basadas en “empujones”, de manera lenta) porque si no su efecto es muy reducido. “La experiencia española en medidas legislativas frente al tabaquismo y la seguridad vial es un ejemplo de que esta vía no es suficiente para estas dos conductas de riesgo. En el corto plazo, dichas políticas perdieron su impacto inicial. La regulación parcial de espacios libres de humo y un permiso de conducir por puntos con una penalización administrativa de las infracciones no generaron incentivos suficientes para que el ciudadano entendiera el empujón y cambiara su comportamiento”, señala.

La adopción, años después, de unas normas más coercitiva, con la prohibición total del consumo de tabaco en lugares públicos cerrados y la sanción vía penal de conductas temerarias, surtieron los efectos buscados, ganar años de vida.

IIIIIIIIII

El rechazo a las vacunas ¿un delito contra la salud pública?

Hace unas semanas, en A Coruña, se anunciaron varias charlas impartidas por activistas del movimiento antivacunas en una feria de productos ecológicos y consumo responsable. El debate público hizo reaccionar al ayuntamiento, que consiguió que la organización cancelase las conferencias. ¿Deberían considerarse estas actividades como un delito contra la salud pública?

Poco antes de publicar Charlie y la fábrica de chocolate, Roald Dahl perdió a su hija Olivia, de siete años, víctima del sarampión. La muerte de la pequeña marcó la vida de la familia del escritor, pero fue una tragedia inevitable, porque en 1962 todavía no existía una vacuna eficaz contra esta enfermedad. 24 años más tarde, cuando esa vacuna ya existía, Dahl publicó un texto en el que rogaba a sus conciudadanos que vacunaran a sus hijos.

“(…) Aquí, en Gran Bretaña, debido a que tantos padres rechazan, por obstinación, ignorancia o miedo, que sus hijos sean inmunizados, todavía tenemos cien mil casos de sarampión cada año. De ellos más de 10.000 tendrán consecuencias de uno u otro tipo. Unos veinte niños morirán”.

Las vacunas protegen hoy al 86% de la población mundial y, según los datos de la OMS, evitan la muerte de dos millones de personas al año, especialmente niños y niñas. Gracias a las vacunas hemos logrado erradicar una enfermedad tan terrible como la viruela, y muchas otras han desaparecido de nuestras vidas.

Pero la súplica de Roald Dahl sigue vigente porque el rechazo a las vacunas no ha dejado de crecer, especialmente en los países más ricos. Solo en Europa los casos de sarampión se multiplicaron por cuatro en 2017, causando 35 muertes. La difteria y la tos ferina vuelven a causar víctimas y si esta tendencia no se revierte, volveremos a ver en nuestros colegios los estragos de la polio.

Resulta difícil imaginar el dolor de una persona que pierde un hijo por negarle la protección que proporcionan las vacunas. Pero más allá de los sentimientos de compasión y de rabia, conviene reflexionar sobre los motivos de su obstinación, su ignorancia y su miedo. En particular, debemos analizar el papel que están jugando los activistas del movimiento antivacunas, cada vez más organizado.

El poder del debate social

¿Qué mecanismos tiene la sociedad para defenderse del peligro que suponen? ¿Podemos exigirles alguna responsabilidad por las consecuencias de sus actos? ¿Qué relación hay entre el rechazo creciente a las vacunas y la proliferación de terapias que nunca han demostrado su efectividad y que en ocasiones se dispensan al amparo de los propios colegios oficiales de médicos y farmacéuticos?

En A Coruña hemos vivido estos días un par de situaciones que ejemplifican los términos en los que se está produciendo este debate. Por una parte, un hotel de la ciudad decidió atender a las protestas de muchos ciudadanos y canceló una conferencia de Josep Pàmies, un empresario agrícola que, entre otras cosas, incita a sustituir los tratamientos de quimioterapia por una combinación de plantas medicinales y lejía.

Unos días más tarde el ayuntamiento anunciaba en rueda de prensa el patrocinio de BioCultura, una feria que suma 75 ediciones entre Sevilla, Valencia, Bilbao, Barcelona y Madrid, donde en noviembre del año pasado ocupó dos pabellones del recinto de IFEMA con más de 800 expositores y 74.500 visitantes.

Poco después de la presentación, el ayuntamiento comenzó a recibir quejas porque, junto a talleres de compostaje, cooperativismo energético o comedores escolares sostenibles, la feria programaba varias charlas impartidas por reconocidos activistas del movimiento antivacunas. Entre ellas, una titulada Presentación de la nueva teoría infecciosa ecológica. Al día siguiente la organización de la feria aceptó la demanda municipal de retirar estas charlas, aunque otras sobre los peligros de las redes WIFI, las bondades de la geometría sagrada (sic) o la medicina cuántica (sic) se mantienen en el programa.

Estos casos demuestran que tanto empresas privadas como administraciones públicas son sensibles a las críticas y saben reaccionar ante las protestas en las redes sociales y los medios de comunicación. Se demuestra así que el debate público sigue siendo una herramienta eficaz para achicar el espacio social a quienes instigan el rechazo a las vacunas, y al mismo tiempo ayuda a informar al público de los beneficios de la vacunación.

Peligrosos fraudes mezclados con ecologismo

Ir más allá y pretender que la apología antivacunas se convierta en un delito contra la salud pública parece más efectivo, pero esta opción no está exenta de riesgos. En primer lugar, porque consolidaría el discurso victimista y conspiranoico que tan convincente le resulta a una parte de la población. Pero, sobre todo, porque supondría añadir un nuevo límite al derecho a la libertad de expresión.

No en vano, estos días hemos asistido con preocupación a la condena de cárcel para un músico por el contenido de sus canciones, mientras que responsables del IFEMA –que nada parecen objetar a las conferencias antivacunas– forzaban la retirada de una obra de arte de carácter político que se iba a exponer en ARCO.

Paralelamente, la programación de estos actos en el marco de eventos cuyo objetivo es “promover la agricultura ecológica y la alimentación sana como base para una sociedad más justa y respetuosa con el medioambiente” nos invita a analizar el rechazo a las vacunas en el marco de un contexto más amplio. El interés de amplios sectores de la sociedad por el consumo de productos más “naturales” y menos contaminantes ha dado lugar a un pujante sector económico que goza de reconocimiento oficial y está regulado por normativas específicas.

Es precisamente en este ambiente (‘ferias eco’, tiendas de productos ‘orgánicos’, etc.) donde confluyen sin aparente contradicción alimentos producidos con criterios de responsabilidad medioambiental con pseudoterapias y productos milagrosos que nunca han demostrado su efectividad. Como era de esperar, también encontraremos aquí los mayores índices de rechazo a los cultivos transgénicos, que por más que superen todas las exigencias de seguridad alimentaria, siguen experimentando en Europa una fuerte oposición.

Sería un grave error atribuir la totalidad de este complejo conglomerado de opciones personales a una simple cuestión de ignorancia o de sentimientos anticientíficos, pretendiendo que la ciencia puede resolver todos los problemas y que su autoridad debiera ser suficiente para resolver todos los dilemas y contradicciones que surgen de la aplicación de cualquier tecnología.

La ciencia está muy lejos de poseer el monopolio de la razón, e incluso allí donde las evidencias proporcionadas por el método científico son incuestionables (las vacunas protegen de enfermedades, el tabaco provoca cáncer y este no se cura con lejía) necesitamos de consensos sociales para traducir estos hallazgos en normas que todos podamos cumplir.

Marcos Pérez Maldonado

Director de los Museos Científicos Coruñeses. 

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