Eutanasia, suicidio asistido y cuidados paliativos

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado el primer paso para iniciar la despenalización de la eutanasia. Diversas comunidades autónomas ya disponen de una ley de muerte digna, pero solo el Estado tiene la potestad de despenalizar tanto la eutanasia como el suicidio asistido. 

 

Eutanasia, suicidio asistido y cuidados paliativos

La propuesta aprobada por el Parlamento de Catalunya, que se ha debatido en el Congreso, solicita la reforma del artículo 143.4 del Código Penal para despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio y exonerar de responsabilidad penal a quien ayude a morir a una persona con una enfermedad terminal o incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave.

Actualmente, el Código Penal contempla penas de prisión de entre 4 y 8 años para "quien induzca al suicidio de otro" y a penas de entre 2 y 5 para quien coopere con "actos necesarios al suicidio de una persona". También establece que será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de causar la muerte.

Las diferencias entre conceptos

Cuidados paliativos, eutanasia, suicidio asistido… son cosas diferentes. Así, los paliativos se enfocan hacia "mejorar la vida de los pacientes y familiares cuando se enfrentan a enfermedades que amenazan la vida", explican desde la asociación Derecho a Morir Dignamente. Abarcan desde la mejora del confort "mediante el tratamiento del dolor" hasta considerar la muerte "un proceso natural que no debe ser retrasado", añaden. Que el final llegue con el menor sufrimiento. Es una práctica con amparo legal.

La eutanasia, que ahora se debate en el Congreso, es otra aproximación a ese concepto de muerte digna: poner fin a la vida cuando ese bien "está desprovisto de dignidad" y "el titular la rechaza", según lo expone la plataforma de juristas por la eutanasia.

En las ocasiones en las que los sujetos todavía están en condiciones para realizar las acciones que acerquen su tramo final, la ayuda técnica para que eso se produzca sin sufrimientos físicos es lo que se entiende por suicidio asistido. Un ejemplo que se esgrime habitualmente es el de Ramón Sampedro, quien tuvo asistencia para su suicidio, pero no estuvo exento de agonía. 11 personas tuvieron que estar involucradas para eludir las posibles consecuencias penales.

Asociaciones por la muerte digna aplauden

Todavía ven lejos el día en que se despenalice la eutanasia en España, pero creen positivo que se abra el debate público. La Asociación por el Derecho a Morir Dignamente aplaude el primer paso dado por el Congreso para despenalizar la eutanasia, según la proposición de ley remitida por el parlamento de Cataluña en casos de dolencia terminal y cuando el dolor, tanto físico como psíquico, sea permanente.

“Hay ocasiones en las que la vida es más un sacrificio que un beneficio, por eso es necesaria una ley que dé respuesta a esos pacientes y que despenalice la eutanasia y el suicidio asistido”, explica Marisa Velasco, vocal en Alicante de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente. Por otro lado, se trata de dar amparo legal a una práctica que, según Velasco, ya se hace en los hospitales. 2Hay médicos que lo hacen, de manera oculta, con miedo, pero que lo hacen por profesionalidad, porque ven a esos pacientes en estado de grave sufrimiento”. Por estos casos, añade Velasco, “necesitamos luz y taquígrafos”.

La eutanasia está regulada en varios países y regiones de nuestro entorno, como Bélgica, Holanda o Luxemburgo y fuera de las fronteras de Europa, en algunos estados de EE UU o en parte de Australia. Si esta práctica se regularizara en España, Marisa Velasco no cree que tuviera un gran impacto en cuanto a número de personas acogidas a ella. “En Holanda la ley tiene ya 20 años y al año se acogen a ella 2.000 personas. La eutanasia está pensada para casos muy concretos, que son pocos porque la gente lo que realmente quiere es vivir”. En estos países, la ley es muy garantista y el paciente tiene que haber solicitado reiteradamente la eutanasia y haber pasado por una evaluación psiquiátrica sobre su situación.

Pese a que el Congreso aprobó ayer admitir a trámite la propuesta de Cataluña para despenalizar la eutanasia, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, recordó que ni el Partido Popular ni el Gobierno de España defienden la eutanasia, por lo que ha rechazado una reforma de esta cuestión, y ha abogado por una estrategia estatal para abordar los cuidados paliativos y la muerte digna.

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El derecho a una muerte digna

Madrid es la novena comunidad autónoma con una legislación que recoge los derechos del paciente en el último tramo de su vida. La pionera fue Andalucía, en 2010, impulsada por el caso de Inmaculada Echevarría, una granadina que se pasó su vida en cama y en 2007 consiguió que la desconectaran de un ventilador mecánico al que estuvo enganchada sus últimos nueve años. Ninguna de las leyes contempla, sin embargo, la eutanasia o el suicidio asistido. El recientemente fallecido Luis Montes, que era presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, reivindicaba "una ley de muerte voluntaria que liberalice todo el periodo de la muerte".

Pero estas normas aprobadas en distintas comunidades autónomas pocas luces aportarán sobre el tema de la eutanasia, “porque en esta materia la potestad corresponde al Estado, que es el que tiene capacidad de despenalizar estas prácticas”, explica Carlos Martorell, vocal de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente en Valencia. La ley valenciana introduce aspectos nuevos, como el reconocimiento al acompañamiento en los momentos finales de la vida o el derecho a tener una habitación individual. Con esta norma, los pacientes pueden renunciar a un tratamiento, “pero no se puede ir más allá porque el Código Penal lo impide”.

En cualquier caso, Carlos Martorell aconseja que la gente deje preparado un testamento vital «en el que dejemos claro qué es lo que queremos que hagan con nosotros cuando ya no seamos capaces de decidir por nuestros medios».

La legislación nacional tiene dos vertientes con respecto al "proceso de morir", como lo llamaba el doctor Montes. Por un lado, está el Código Penal, que tipifica como delito tanto la eutanasia como el suicidio asistido, hasta el momento. Por otro, está la Ley de la Autonomía del Paciente, de 2002, en el que se reconoce al enfermo derechos como negarse a recibir un tratamiento.

Las leyes autonómicas "particularizan esos derechos dentro de sus competencias y de acuerdo con el ordenamiento jurídico". No pueden por lo tanto contemplar que un paciente muera cuando así lo decida. Lo que sí han hecho algunos gobiernos autonómicos como Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias o Extremadura, es pedir al Parlamento que reconozca el derecho a decidir sobre la eutanasia.

Las normas de estas nueve comunidades -que según explicó Montes al diario El País, no se diferencian entre sí "ni un ápice"-, recogen la obligación del personal sanitario de informar correctamente al paciente sobre sus opciones y también sobre alternativas a los tratamientos prescritos. Al enfermo le reconoce el derecho a dejar un testamento vital en el que decida dónde quiere morir, si en el hospital o en su domicilio, quién quiere que le acompañe en esos últimos momentos y, si ocurre en el hospital, que se respete su intimidad en una habitación privada. También le garantiza el acceso a cuidados paliativos.

Las comunidades autónomas que no tienen ley de muerte digna sí cuentan con el derecho a esos testamentos vitales, que son en realidad, según Montes, el último derecho de la ley de autonomía del paciente. En esos escritos, una persona competente -con todas sus facultades mentales- puede por ejemplo dar permiso o no para recibir tratamiento cuando ya no sea competente y dejar ese deseo registrado.

En la práctica, ¿se diferencian tanto los derechos del paciente en torno a la muerte entre las comunidades con ley de muerte digna y sin ella? "¿Ha oído alguna vez de alguien que vaya a morir desde Badajoz a Córdoba?", respondía el presidente de la Asociación Muerte Digna. La respuesta es "no", y él añadía que "estas leyes no han mejorado la calidad de la muerte". "Solo una ley de muerte voluntaria lo conseguirá", decía este médico, que señalaba que solo la propuesta que hizo Unidos Podemos ante el Congreso en enero pasado y que pide su despenalización, nos acercaría a países como Bélgica o Países Bajos.

Y, sin embargo, es una cuestión que parece bastante aceptada y superada por la sociedad española: una encuesta de Metroscopia de marzo de 2017 mostró que hasta el 84% de los españoles estaban de acuerdo con que los médicos suministrasen alguna sustancia que "conduzca al fin de la vida" en casos de "enfermos incurables" que lo pidan. Es decir: la eutanasia.

Por comunidades

Galicia. La Cámara gallega aprobó en enero de 2015 por unanimidad la ley de muerte digna.

Asturias. Aprobó su ley el 31 de enero de 2017. Regula la libertad de paciente para decidir sobre los tratamientos que se le aplican, la importancia del Testamento Vital o el acceso los cuidados y la sedación paliativa.

País Vasco. La aprobó por unanimidad el Parlamento en octubre de 2015.

Navarra. Es de marzo de 2011, una de las primeras de España después de Andalucía y Aragón.

Aragón. Un año después de Andalucía, Aragón aprobó la segunda ley autonómica de España, en marzo de 2011. Reconoce el derecho del paciente terminal a rechazar un tratamiento y a recibir cuidados paliativos.

Madrid. El 2 de marzo de 2017 la Asamblea aprobó la ley que reconoce el derecho a la muerte digna, es decir, a recibir cuidados paliativos integrales.

Andalucía. Fue la primera comunidad autónoma en contar con una ley de muerte digna, que aprobó en marzo de 2010. La ley reconoce el derecho del paciente terminal a decidir si quiere cesar su tratamiento y las sedaciones paliativas.

Baleares. La tiene desde abril de 2015 y regula los derechos de los pacientes en el periodo final de su vida.

Islas Canarias. La aprobaron en enero de 2015 y, como las demás, reconoce el derecho a recibir cuidados paliativos y a decidir sobre los tratamientos.

Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana se está tramitando en estos momentos una ley de muerte digna similar a la que ya tienen otras comunidades autónomas.

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Cuidados paliativos

Casi 54.000 personas mueren cada año en España sin recibir los cuidados adecuados en su fase terminal, denuncia la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) , y afirma que los sistemas sanitarios solo cuentan con 284 "recursos asistenciales específicos de cuidados paliativos", de los que 94 "no cumplen todos los requisitos exigidos por la clasificación de Secpal" para ser considerada una unidad completa de paliativos. "Solo nueve son pediátricos y de estos solo tres se pueden considerar equipos", recoge el nuevo directorio de la sociedad.

Aparte de los datos, lo preocupante es que la situación no mejora, y ello pese a que hace ya 10 años que se aprobó la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos, como manifiesta Paloma Casado, subdirectora general de Calidad del Ministerio de Sanidad. En 2009 el entonces presidente de Secpal, Javier Rocafort, alertaba: "200.000 personas sufren cada año una enfermedad terminal en España. Y no todas reciben la misma atención. Solo hay 400 unidades especializadas en cuidados paliativos, y están muy mal repartidas".

Esas 200.000 personas son ya 300.000, según los cálculos que dio Álvaro Gándara, actual presidente de la sociedad. Pero Xavier Gómez-Batiste, otro especialista del área y director del Observatorio Qualy para la promoción de la atención paliativa, aumenta esa cifra hasta una horquilla que va del 1,2% al 1,5% de la población, lo que eleva el número de personas que necesitan estos cuidados hasta el medio millón. Ello se debe a que no solo los enfermos terminales requieren de estas unidades. Muchas personas con varias dolencias crónicas también se beneficiarían con estos servicios. De hecho, si actualmente se considera que una de cada tres personas que recibe paliativos tiene cáncer (estos servicios se diseñaron inicialmente para pacientes oncológicos), en el cálculo de Gómez-Batiste la proporción de personas con tumores es de uno a siete, lo que indica que son muchos más los que podrían beneficiarse de estas atenciones, si las conocieran y las tuvieran disponibles.

El repaso de los cuidados al final de la vida de la Secpal destaca más déficits. Por ejemplo, solo 14 unidades están completas (médico, enfermería, psicólogo y trabajador social), y hay 114 básicas (solo personal médico y de enfermería). En muchas, los trabajadores están a tiempo parcial (por ejemplo, uno de cada cuatro médicos). En el entorno sociosanitario, como las residencias, donde el 30% de las personas pasan sus últimos meses de vida, menos de la mitad ofrecen este servicio.

Por autonomías, la distribución de recursos asistenciales registrados es la siguiente: Cataluña (60), Madrid (39), Andalucía (35), Valencia (34), País Vasco (20), Castilla y León (16), Galicia (10), Asturias y Castilla-La Mancha (9), Aragón, Extremadura e Islas Baleares (8), Canarias y Cantabria (5), Murcia y Navarra (3), La Rioja, Ceuta y Melilla (1).

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